SCJN avala comisión del INE para revisar posibles vínculos delictivos de candidatos
Ciudad de México. Al dar un revés a la impugnación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este lunes la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), que permite evaluar, de manera voluntaria y confidencial, a aspirantes ante un “riesgo razonable” de posibles vínculos delictivos.
Por unanimidad, el Pleno aprobó el proyecto de Loretta Ortiz Ahlf, que planteó que este mecanismo no impone requisitos adicionales de elegibilidad, no impide el registro de candidaturas ni implica una sanción penal.
“No estamos en presencia de una medida que constituya una causa de inelegibilidad o requisito propiamente, sino que es preventivo, informativo y voluntario, lo que evidencia que no existe una restricción a primera vista”, dijo la ponente.
PRI alegó vulneración a presunción de inocencia
La reforma del 2 de junio pasado a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad por el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien argumentó que el mecanismo restringe el derecho a ser votado y vulnera la presunción de inocencia, pues negarse a la evaluación podría generar sospechas y escarnio público, convirtiéndose en un veto indirecto o de hecho contra una candidatura.
La Corte concluyó que la evaluación es voluntaria y que su resultado no es vinculante para definir el registro de una candidatura. La Comisión del INE sólo analiza los perfiles que los partidos políticos o aspirantes independientes decidan someter a revisión y los remite a instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financieras, a fin de determinar si existe un “riesgo razonable” de posibles vínculos con actividades delictivas.
“Los partidos mandan la lista de candidatos con la anuencia del candidato y del partido; la Comisión lo turna a las distintas dependencias: Fiscalía General, UIF y otras instancias financieras, quienes hacen el dictamen de riesgo; se lo regresan a la Comisión, y la Comisión se lo devuelve a los partidos y los partidos decidirán si atienden a esa información o no para hacer el registro de candidatos”, dijo el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Figueroa propuso, sin éxito, que las autoridades de seguridad sólo pudieran reportar al INE indicios de posibles vínculos delictivos cuando éstos también hubieran sido presentados ante un juez para solicitar la vinculación a proceso de la persona evaluada, a fin de evitar que información no judicializada influyera en el registro de candidaturas.