INE-IFE: sellos de origen
POR Pedro Miguel
Salieron en cuarteto cuatro ex titulares del IFE y del INE –José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova– a pontificar sobre lo que debe ser, según ellos, la recomposición del organismo electoral que por tantos años y bajo sus respectivas administraciones ha engordado carteras y ha contribuido a distorsionar la voluntad popular; salieron al rescate de una entidad cuya pudrición profunda se volvió escándalo hace mes y medio, pero que se ha venido larvando, inmune a los abundantes señalamientos públicos, desde que el salinato inventó la institución; salieron a defender las lógicas hegemónicas y oligopólicas de las que ellos mismos han sido arquitectos, beneficiarios y operadores.
El primer argumento de los cuatro es que se debe rehacer la credibilidad del INE para garantizar procesos democráticos justos y transparentes, como si esa credibilidad realmente hubiese existido. Y no, la verdad es que en las sucesivas elecciones presidenciales desde 1994 hasta 2018, la imparcialidad del IFE-INE ha sido desmentida por los hechos. El propio Ernesto Zedillo reconoció que los comicios que lo llevaron a Los Pinos fueron “legítimos pero inequitativos”, para referirse suavemente a la masiva intervención a su favor del aparato gubernamental, de los medios oligárquicos y del empresariado; en ese entonces Jorge Carpizo presidía un IFE que todavía no era autónomo, bajo la dirección general del priísta Arturo Núñez.
En la siguiente elección, en 2000, el IFE “ciudadanizado” encabezado por Woldenberg logró imponer en amplios sectores de la ciudadanía la percepción de que había ocurrido una transición y que se había alcanzado la plena democracia y ello permitió dar a la continuidad neoliberal una apariencia de cambio. Lo cierto es que en 2000 la autoridad electoral no se enteró de los cochineros del Pemexgate y de los “Amigos de Fox”. Luego vendría el fraude de 2006, ideado por Vicente Fox y operado por Ugalde, quien se encontraba al frente del IFE. Esa operación delictiva y de consecuencias trágicas echó abajo la credibilidad que la autoridad electoral hubiese podido construir en los años anteriores. Ya no se recuperó: en 2012 a la administración de Valdés Zurita le pasaron por las narices los mecanismos tradicionales del fraude usados por el PRI para imponer a Peña Nieto –robo de urnas a la antigüita, agresiones armadas, compra masiva de votos– y la distribución de miles de millones de pesos en tarjetas Monex y Soriana.
En 2018 el “nuevo” INE de Córdova, Murayama, Baños, Jacobo y compañía no fue garante de la caída del viejo régimen del que formaba parte. El triunfo se logró a pesar de él, con una insurgencia ciudadana convencida de que sólo una votación masiva y contundente a favor de AMLO sería capaz de superar los mecanismos del fraude. Así se han conseguido las sucesivas victorias electorales de la Cuarta Transformación, aunque fraudes a favor del Prian se han seguido perpetrando en comicios estatales como los de 2022 en Durango, Aguascalientes y Tamaulipas, en los que las derechas locales sacaron a relucir todas las mapacherías imaginables –desde robo e incendio de urnas hasta secuestros y palizas a activistas de Morena– y sólo en la tercera de esas entidades se pudo revertir el desaseo electoral.
La autoridad electoral tampoco ha gozado de credibilidad administrativa. El que se haya dado barniz legal a la corrupción no implica que ésta no haya existido, ni que el IFE-INE no haya estado desde sus orígenes al servicio no de la ciudadanía, sino de un puñado de contratistas. “Oligopolio”, se vio obligado a reconocer el propio Córdova en la conferencia del miércoles pasado. En realidad, él y sus colegas buscan evitar cualquier afectación a los intereses monetarios de la alta burocracia electoral y de sus proveedores. Escándalos los ha habido desde mucho antes de Guadalupe Taddei, como cuando Jacobo Molina & Córdova pretendieron adquirir y remodelar un nuevo edificio a “precios INE”, es decir, muy por encima de su valor, o como cuando compraron motos Harley-Davidson para los mensajeros, o como cuando desaparecieron más de 5 millones de pesos en la operación de la Consulta Infantil y Juvenil de 2018. Y las revelaciones vinculadas al caso Taddei han expuesto que el honorable Alfredo Hernández Casillas operó a sus anchas en la institución desde hace al menos 27 años.
Finalmente, el exhorto de los cuatro ex presidentes del INE a recomponer “por consenso” el Consejo General de la entidad no es más que la pretensión de volver al sistema de cuotas partidistas con el que se conformó la autoridad electoral en los gobiernos del Prian, cuando este partido bicápite imponía básicamente a quienes le daba la gana. O sea: que se le otorguen posiciones a una oposición de la que ellos forman parte. Ellos y Alito, por ejemplo.
En suma: no existió nunca un impoluto ni imparcial IFE-INE pre Taddei. La antidemocracia y la corrupción han sido sus sellos de origen.

