La doble cara del capitalismo verde
En un artículo publicado en La Jornada el pasado 9 de septiembre “La política ambiental se demuestra con hechos”, se afirma que la nueva ley ambiental “fortalece las atribuciones del Estado en adaptación al cambio climático y en restauración ecológica”. Considero que ambas propuestas son un mero paliativo que no solucionan la tremenda crisis ambiental del país y del mundo.
La idea de que los ciudadanos del mundo nos adaptemos a la crisis del clima, aunque casi ningún gobierno ha cumplido con sus compromisos establecidos desde el Acuerdo de París (2016) para reducir sus emisiones de dióxido de carbono, sino que por lo contrario los han ido aumentando, es inaceptable. El concepto de adaptación conlleva el hecho de que las personas tendríamos que cambiar conductas para ajustarnos a una necesidad o situación nueva. Adaptarnos a la realidad que ya estamos padeciendo significa ajustarnos a los eventos climáticos que se intensifican y se hacen cada vez más frecuentes: las inundaciones, sequías, olas de calor, glaciares que se derriten azotando pueblos enteros (como fue el evento de Nepal), así como los incendios y los huracanes.
Adaptación al cambio climático es una manera elegante de decir que yace en los ciudadanos y sus familias la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de los impactos que produzca el calentamiento global, cuando son los gobiernos y las empresas los que deben asumir la responsabilidad de reducir hasta en un 80 por ciento la producción de la energía fósil que les sostiene. El Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC), el Instituto de Resiliencia de Estocolmo y miles de investigadores y académicos de Universidades han advertido, desde hace más de una década, que si se rebasa la temperatura media global de 2 grados centígrados, la cual ya llegó a 1.6 grados, estaremos caminando hacia el colapso (véase el artículo publicado en La Jornada de Oriente 25/08/26).
Lamentablemente, la situación se ha agravado por el extractivismo, caracterizado por la explotación a gran escala de bienes naturales, escasamente procesados y especialmente con fines de exportación. Un informe del Observatorio de Conflictos Socio Ambientales (OCSA) de la Universidad Iberomericana Ciudad de México, realiza un recuento detallado de la extracción. En el documento de 222 páginas, un equipo de unos 15 investigadores de diferentes disciplinas concluye que al cierre de 2024 se registraban mil 139 proyectos extractivos: 420 urbanos, 201 mineros, 173 agroindustriales, 141 energéticos, 138 hidráulicos y 113 de megainfraestructura.
Por otro lado, la restauración sea de biodiversidad, ecosistemas, paisajes o vegetaciones, es un proceso que toma tiempo. Para las regiones con selvas tropicales de 20 a 200 años (Cole, et al, 2014: https://pmc.ncbi.nlm.nih. gov/articles/PMC4354292/), y para los bosques templados de 10 a 150 años (Cerioni, et al, 2024: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ full/10.1111%2Fgcb.17159).
Ante estas evidencias, todas las prácticas extractivas que en el mundo van en aumento, como son la agricultura industrial de monocultivo, la ganadería extensiva, la pesca y la extracción masiva de especies y sus productos, ponen en evidencia la inviabilidad de la restauración ecológica. Por todo lo anteriormente expuesto, pensamos que estamos ante una suerte de “capitalismo verde”. No de soluciones ante las peligrosas condiciones actuales.