Presentan quejas contra Lorena Cuéllar por usar recursos públicos a favor de Alfonso Sánchez
El PRD acusó a Lorena Cuéllar de efectuar aportaciones provenientes del erario y brindar apoyo gubernamental a Alfonso Sánchez.
Al menos dos denuncias fueron presentadas contra la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, por el presunto uso de instalaciones y recursos públicos para favorecer a Alfonso Sánchez García, quien busca encabezar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación de Morena rumbo a la sucesión gubernamental de 2027.
Así lo exhibió públicamente la periodista Laura Brugés a través de sus cuentas oficiales en redes.
Una de las quejas fue promovida ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por José Carlos Hernández Pérez, quien señaló como denunciados a la gobernadora, a la Oficial Mayor de Gobierno, Eréndira Garay Salas; a Alfonso Sánchez García y al partido Morena.
El procedimiento fue planteado por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, así como por el uso indebido de recursos públicos.
De acuerdo con el documento, los hechos denunciados ocurrieron los días 14, 15 y 16 de agosto en la denominada Casa de Gobierno de Tlaxcala, ubicada en el Jardín Botánico de Tizatlán, inmueble destinado a la residencia oficial de la titular del Poder Ejecutivo estatal.
La acusación sostiene que en ese lugar se habría permitido el almacenamiento, preparación y organización de material de propaganda partidista a favor de Sánchez García, mediante el uso de instalaciones y servidores públicos.
El denunciante considera que ello constituiría una aportación en especie financiada indirectamente con recursos del erario.
Quejas ponen bajo la lupa a Lorena Cuéllar y Alfonso Sánchez
A esta denuncia se suma otra presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Tlaxcala ante el Consejo General del ITE.
El representante propietario del partido, Sergio Juárez Fragoso, señaló directamente a Lorena Cuéllar, Alfonso Sánchez y Morena.
El PRD acusa a la mandataria de efectuar aportaciones provenientes del erario y brindar apoyo gubernamental a Sánchez García mediante el uso de Casa de Gobierno y de servidores públicos para empaquetar y organizar la distribución de propaganda a favor del aspirante morenista.
A Sánchez García le atribuye haber recibido ese supuesto financiamiento y a Morena responsabilidad por no vigilar las actividades de su aspirante.
Como parte de las pruebas, el partido presentó impresiones fotográficas en las que se observan cajas, lonas, trípticos y personas trabajando al interior de Casa de Gobierno.
Además, solicitó al ITE realizar una inspección y recabar las grabaciones del sistema de videovigilancia y de los registros de ingreso al inmueble para corroborar la presencia de personas y materiales durante las fechas señaladas.
Señalamientos ocurren antes del proceso electoral de 2027
La denuncia sostiene que el uso del inmueble para resguardar, integrar y distribuir propaganda tendría como objetivo posicionar anticipadamente el nombre y la imagen de Alfonso Sánchez García frente a la población.
Esto, a juicio del promovente, podría configurar actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
El caso cobró relevancia después de que medios locales difundieron fotografías y videos en los que aparecen cajas, paquetes y personas realizando labores de organización de material propagandístico dentro de Casa de Gobierno.
Según la documentación presentada ante el ITE, algunos de los materiales contendrían la imagen de Sánchez García y propaganda relacionada con Morena.
El gobierno estatal, por su parte, informó que la gobernadora había instruido investigar los hechos y sancionar a quien resultara responsable.
El vocero Antonio Martínez Velázquez calificó como preocupante la posible participación de servidores públicos en actividades político-electorales y señaló que, de confirmarse el uso de espacios públicos o del horario laboral para estos fines, habría consecuencias.
Hasta el momento, las acusaciones forman parte de procedimientos en los que corresponde a las autoridades electorales determinar si existieron infracciones; las denuncias por sí mismas no acreditan responsabilidad.
El PRD solicitó al ITE admitir su queja, emplazar a los denunciados, realizar las diligencias correspondientes y, en su caso, imponer las sanciones previstas por la legislación.