Múltiples irregularidades en sector cultural, detecta la Auditoría Superior de la Federación
De acuerdo con la fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, la Secretaría de Cultura, INBAL e INAH incurrieron en diversas faltas, como subcontrataciones de personal, licitaciones por encima de la ley, falta de supervisión, adeudos y operación de fideicomisos ya inexistentes
Desorganización, subcontrataciones de personal eventual, utilización de outsourcing, irregularidades administrativas, licitaciones directas que rebasan el tope determinado por la ley, personal que ocupa puestos sin el perfil requerido, adeudos de más de 30 años en inmuebles rentados, contratos con costos altos en tiempos de austeridad republicana, instituciones sin figura jurídica, operación de fideicomisos y manuales internos desactualizados prevalecen en la gestión administrativa de la Secretaría de Cultura federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Sistema de Estímulos a la Creación Artística, Reconocimientos a las Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales (antes Fonca), instancias culturales fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, en la revisión específica de su gestión financiera, se pudo verificar que, aunque el presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas, en la muestra auditada por mil 741 millones 816 mil pesos, de los 2 mil 385 millones 332 mil pesos que corresponde al presupuesto ejercido por la dependencia en 43 partidas de gasto, se le señalaron cuatro recomendaciones y tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por razón de contrataciones sin perfil requerido; contratos directos que sobrepasan el tope, y personal sin perfil requerido.
Uno de ellos fue por irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, autorizaron el pago de 26 plazas de personal eventual que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; o el contrato “mediante un procedimiento de adjudicación directa para el servicio integral de alimentación durante el campamento en el Centro Vacacional Oaxtepec para la participación de los semilleros creativos en el evento multidiciplinario Tengo un sueño, por el que se erogaron 6,218.7 miles de pesos”.
Aunque sin sanción, llama la atención en tiempos de austeridad franciscana la contratación de dos presentaciones de música de Joan Manuel Serrat con su espectáculo “Serrat” en el 50 Festival Internacional Cervantino por 15 millones 778 mil pesos, frente a una presentación de música de Jazz at Lincoln Center Orchestra con Wynton Marsalis con su espectáculo “Jazz at Lincoln Center Orchestra con Wynton Marsalis” por 4 millones 540 mil pesos.
La ASF también auditó a la Secretaría de Cultura con respecto a Estímulos a la Creación Artística, Reconocimientos a las Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales (antes Fonca), y hay particular atención al tema de la extinción del fideicomiso. Se señaló que la Secretaría continuaba operando el mandato del fideicomiso del Fonca hasta el 31 de diciembre de 2022, porque “se identificaron compromisos y actividades vigentes en 2022”, y no se habían “acreditado acciones tendientes a la cancelación del registro de dicho mandato”. Por decreto presidencial, en mayo de 2020 se ordenó la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.
La Auditoría señala que la dependencia operaba a la par el programa “Estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales” que se suponía iba a sustituir al Fonca y que tampoco “ha incorporado a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura las unidades responsables de operar” el programa sustituto, lo que genera “inconsistencias en su marco legal y orgánico”.
Aunque se documenta que el programa de Estímulos a la creación artística reportó un aumento en la cobertura de sus actividades del 0.7% en comparación a su desempeño entre 2019 y 2021, la ASF indica que “las deficiencias en su información podrían implicar una amplitud distinta en los alcances de la difusión de sus actividades culturales realizadas por los beneficiarios de los subsidios” que fueron otorgados en 2022.
En el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la ASF determinó 17 resultados, de los cuales, cuatro de ellos generaron dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Uno de ellos fue tras la revisión de 39 expedientes laborales de personal operativo base, honorarios, de los que la información se encuentra incompleta: faltan identificaciones oficiales, currículums vitae, Carta de no inhabilitación y nivel académico. “No se acreditó que un trabajador contó con el grado académico establecido en el perfil del puesto”; y el otro es porque el INBAL subcontrató personal con el proveedor Outsourcing de Personal Temporal y las actividades desarrolladas por éstos correspondieron a las labores propias del Instituto.
En tanto en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la ASF emitió cinco Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Una de estas fue por la falta de supervisión del INAH a seis concesiones que, al corte de 2022, llevaban más de dos décadas vencidas.
Es el caso de la concesión del restaurante “Las Grutas”, ubicado en Teotihuacán, vencida hace 35 años; mientras que el restaurante “Las Pirámides” había vencido hace 36 años y tres meses. En la Zona Arqueológica de Monte Albán, las concesiones de la Librerías Dante y una joyería habían vencido desde hace 27 años y 4 meses, mientras que la concesión del restaurante-cafetería había vencido hace 23 años y dos meses. Finalmente, en el Museo Nacional del Virreinato, la concesión del restaurante que ahí se ubica llevaba vencida 26 años, tres meses y medio.
En el documento se señala que servidores públicos del Instituto “no supervisaron que se llevara a cabo la actualización de las concesiones de seis inmuebles federales propiedad del Instituto, cuya vigencia al 31 de diciembre de 2022 reportó un vencimiento de entre 23 y 36 años, en incumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales”.
El Instituto también recibió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria debido a que en 70 códigos se ocuparon plazas y horas adicionales a las autorizadas por la Secretaría de Hacienda y no incluyeron el perfil de puesto de 62 empleados de operativos y eventuales.
- El Universo