La respuesta del gobierno a las críticas de que se estaba protegiendo al exgobernador Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios sinaloenses acusados en Estados Unidos de trabajar para Los Chapitos fue el bloqueo inmediato de las cuentas financieras del grupo de los 10 presuntos criminales que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, pidió a las instituciones financieras del país. El reportero de investigación Jorge García Orozco reveló en la revista digital Emeequis que la solicitud fue emitida el 6 de mayo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Se ve muy importante, y aunque cierto, nos están engañando con la verdad.
El congelamiento de cuentas fue consecuencia de la petición de la CNBV, que actúa de manera autónoma al resto de las instituciones, a las cuales la UIF tiene que responder por mandato legal. La CNBV no está supeditada a la Fiscalía General de la República, y la línea de acción conducente es que la UIF sea quien le dé vista para que proceda. Tras realizarla, la fiscalía pidió el 8 de mayo la información financiera de los 10 de Sinaloa.
Muy bien, pero muy mal. La primera chicanería ante nuestros ojos es el tiempo que tardaron las instituciones mexicanas en congelar las cuentas. No se sabe cuándo llegó la notificación de la CNBV, pero sí cuándo se emitió la instrucción para el bloqueo, 6 de mayo: ocho días después de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Corte del Distrito Sur de Manhattan.
Entre las dos fechas, sabiendo la rapidez con las que se pueden realizar transacciones, es una eternidad. Solo como una referencia de la historia reciente, en los tiempos de Santiago Nieto en la UIF, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –que le tenía una enorme estima–, varios empresarios revelaron cómo había casos donde funcionarios de esa dependencia descongelaban las cuentas durante un minuto, para que personas afectadas por esa medida pudieran transferir sus fondos, a cambio del 10% del monto total de lo traspasado.
En el caso de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios, no necesitaron de semejante acto de corrupción. La UIF le regaló más de una semana a los imputados para que pudieran limpiar sus cuentas y trasladar su dinero fuera de México o a cuentas en paraísos fiscales, o realizar ingenierías financieras para transferir sus fondos de manera que no pudieran ser rastreados. Nadie podía impedirlo. Varios de los 10 de Sinaloa presuntamente transfirieron recursos de los que les pagaron Los Chapitos a cuentas en el extranjero. El camino lo sabían, así como la experiencia en otros que no tienen la suerte de una periodo de gracia tan grande para que puedan tratar de blindar sus recursos.
Una vez que la CNBV actuó, la Fiscalía General hizo su parte, como si actuara de manera expedita, dos días después. Poco más de 24 horas es un plazo normal para el papeleo, pero lo que es inusual, de acuerdo con varias personas que conocieron lo que sucedió en la UIF, es lo que ocurrió después. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, que es de toda confianza del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, no fue autorizado para responder a la fiscalía de manera contundente y con toda la información que tenía. No se sabe quién específicamente le dio esa instrucción, pero la UIF depende de la Secretaría de Hacienda y responde directa y únicamente al titular de esa dependencia. Fue la primera obstrucción.
La UIF fue limitada a informar de manera económica a la Fiscalía General. Si se toma como referencia la acción de la CNBV al haber actuado de manera preventiva –el congelamiento de cuentas no es reconocimiento automático de culpabilidad, sino que forma parte del proceso legal mientras se investiga el origen de los recursos–, la Fiscalía debió haber iniciado una investigación, precisamente, para determinar de dónde salieron los recursos en sus cuentas. Esta pinza que se utiliza para determinar si hubo ilegalidad en los recursos obtenidos, como elemento de prueba, no se cerró. Fue la segunda obstrucción.
En cambio, lo que comenzó a circular en la UIF después de la solicitud de información, fue un dictamen en el cual se exoneraba completamente al exgobernador Rocha Moya –no se sabe si a los nueve funcionarios restantes también– de tener recursos de procedencia ilícita, que coincide con una declaración de García Harfuch el martes pasado de que no se había encontrado ninguna conducta ilícita del exgobernador.
Mientras esto sucedía en la arena pública, en la UIF hubo fuertes turbulencias. Varios funcionarios con atribuciones legales para firmar dictámenes se negaron a hacerlo. Hubo presiones sobre ellos, y cuando menos cinco, de acuerdo con la información que ha trascendido, prefirieron renunciar. Estaban en desacuerdo con suscribir un documento elaborado para exonerar, sin haberse cumplido con los pasos para verificar y determinar si había existido un delito o no. O sea, fallar su inocencia antes de probarse. Aquí ya no hubo obstrucción, sino violación del debido proceso.
Lo que pasó en la UIF es lo último –conocido hasta ahora– de las irregularidades en las que se ha incurrido en la protección de Rocha Moya, en quien se ha centrado el blindaje político, legal, y la protección militar. Hubo prelación con el resto de los funcionarios imputados en Manhattan, una corte tan afamada por su poder, que incluso tuvo una exitosa serie de televisión –Billions–, que mostraba la dinámica y estrategias de la fiscalía. Lo que no hicieron con los nueve fue aislarlos ante cualquier eventualidad, y peor aún, colocarles una “campana” –con agentes de la policía de investigación o de Seguridad Pública–, como se llama a la vigilancia de una persona, ya sea investigada, protegida por alguna amenaza a su vida, o simplemente para saber dónde está y qué hace, como por protocolo debió haberse hecho.
La inexistencia de la “campana” permitió que por la puerta de atrás dos de los funcionarios acusados, los exsecretarios de Administración, Enrique Alfonso Díaz Vega, y de Seguridad, el general de División Gerardo Mérida, pudieran armar toda la logística –probablemente con el dinero que les dejaron vivo durante ocho días– para entregarse a las autoridades estadounidenses en Irlanda y Arizona, e iniciar una negociación para ser testigos cooperantes en el juicio contra Rocha Moya y los nueve imputados.
