Hacia la ultraderecha sin tapujos
Desesperados, mal aconsejados por voces de otros países, acicateados por los apretados triunfos de la ultraderecha en Colombia y Perú, el gobierno de Chihuahua, el PAN y sus aliados se quitan las máscaras. A once meses de las elecciones de 2027 en que se disputarán la gubernatura y el Congreso del estado, 67 presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones federales, muestran su verdadero rostro, apuntalados con una centimillonaria guerra cognitiva para legitimarse.y descalificar a sus adversarios.
La nueva ofensiva comenzó por una apresurada reforma electoral que presentó y acaba de aprobar el bloque PAN-PRI-MC-PVEM en el Congreso del Estado. Los puntos más cuestionados y rechazados, tanto por organizaciones de la sociedad civil y el grupo parlamentario de Morena son: Se desacata el mandato del Tribunal Estatal Electoral para que se hagan las adecuaciones legales y se lleve a cabo la elección directa de las y los regidores por circunscripción territorial a partir de 2027, como demanda el movimiento #YoElijoRegidor. Se retrocede en garantizar la paridad de género ordenando por bloques los municipios prioritarios para impedir que los partidos coloquen a las mujeres en los municipios menos importantes.
No se introducen acciones afirmativas para garantizar la representación de género, de personas de la diversidad sexual, de juventudes y personas con discapacidad y pueblos originarios, a pesar de una reserva propuesta por la diputada morenista Edith Palma. La reforma panista consolida poder y privilegios de la clase política al dar la espalda al clamor popular de reducir el financiamiento a los partido. Cierra la posibilidad a que las y los diputados plurinominales sean las y los candidatos que participaron en las elecciones distritales y resultaron los mejores perdedores, lo que sigue redundando en favor de las burocracias partidarias.
Ya encarrerada, la reforma permite ahora que un candidato a presidente municipal pueda figurar al mismo tiempo en la lista de regidores y pueda llegar a serlo en caso de perder las elecciones. La cosa no paró ahí: la mayoría legislativa presentó también una iniciativa para “blindar las elecciones” ante la influencia del crimen organizado. La diputación de Morena presentó una propuesta alternativa que contemplaba no sólo el blindaje ante los grupos criminales, sino ante la influencia de intereses del extranjero y la revisión del perfil ético de las candidaturas: fue rechazada por el bloque de la gobernadora.
Más allá de sus marrullerías legislativas y discursivas, el gobierno de Chihuahua acentúa su carácter clasista y buscador de beneficios económicos para sí y sus cuates: acuerda formar un fideicomiso público-privado para la construcción de la arena de rodeo de la Unión Ganadera, que costará alrededor de 600 millones de pesos, cuando se descuidan importantes instalaciones médicas y deportivas, y no se da mantenimiento al Centro de Oncología construido la administración pasada. El gobierno del estado subasta a empresarios privados tres fraccionamientos construidos con dinero público por Pensiones Civiles del Estado, sin permitir la venta directa a cientos de familias sin vivienda.
Mientras el gobierno del PAN y del PRI actúa así, la inseguridad no cesa a pesar de la tan cacareada Plataforma Centinela. Continúan los desplazamientos forzados de personas en la Sierra, así como los enfrentamientos armados en varios municipios. El fin de semana pasado Chihuahua volvió a encabezar la lista negra nacional con 17 homicidios en tres días. Para ocultar o minimizar estas acciones de carácter antidemocrático, corrupto y de atropello a los derechos de la ciudadanía, el gobierno de Chihuahua lleva a cabo una intensa guerra cognitiva para desinformar, ganarse a la ciudadanía y contraatacar a sus críticos, al gobierno de Claudia Sheinbaum y a Morena.
El contenido de esta guerra son una serie de significados reducidos a afirmaciones simplistas, chabacanas, repetidas hasta el cansancio . Uno de los más recurrentes es el de “El de Claudia Sheinbaum es un narcogobierno”. “El gobierno federal protege a delincuentes como Rocha Moya y compañía mientras ataca a la gobernadora por destruir un narcolaboratorio”. La fabricación de verdades a modo es también recurrente: luego que la mayoría rechazó la propuesta de blindaje electoral de Morena, la gobernadora acusó en falso de que este partido no habría querido ningún blindaje, pero fue desmentida de inmediato por una carta pública de este grupo parlamentario.
El gobierno sigue difundiendo que sus finanzas están sanas a pesar de que la deuda pública sigue creciendo y están a la puerta cientos de despidos de empleados públicos. Esta guerra cognitiva del gobierno de Chihuahua, el PAN y sus aliados se difunde y expande a través de la compra de medios de comunicación locales y nacionales y la contratación de granjas de bots en las redes sociales, para lo cual María Eugenia Campos ha gastado 2 mil 504 millones de pesos en cinco años, según el portal de periodismo de investigación zona free.mx.
En su desesperación, el PAN y sus aliados quieren experimentar lo que algunos manejan como el factor de triunfo de la extrema derecha en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Colombia: presentarse como una derecha extrema sin tapujos, ni visos democráticos, clasista, discriminadora, negociante, desinteresada de la verdad., Esa parece ser su gran apuesta para 2027 y 2030.