Países árbitros del mundo

POR: Gilberto Nieto Aguilar

En el siglo XXI no existe un árbitro del mundo reconocido universalmente. Lo que
en realidad existe es una disputa constante entre potencias que intentan imponer
su propia interpretación del orden internacional. Bajo distintos argumentos —la
defensa de la democracia, la lucha contra el terrorismo o la protección del orden
legal global— algunos países se han atribuido una función delicada: intervenir en
conflictos ajenos sin un consenso internacional claro y, en ocasiones, sin el
respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU.
La idea del “país árbitro” no surge de un mandato jurídico universal ni de una
autoridad moral incuestionable. Surge, en cambio, de una correlación de fuerzas.
Aquellos Estados con mayor poder militar, económico y tecnológico suelen
asumirse como garantes del equilibrio global. Con ese respaldo material se
atribuyen la facultad de sancionar, presionar o intervenir en otras naciones bajo la
premisa de que su acción contribuye a preservar la estabilidad internacional.
En la teoría de las relaciones internacionales, este fenómeno suele explicarse a
través del concepto de estabilidad hegemónica: la idea de que un sistema
internacional relativamente ordenado requiere de una potencia dominante capaz
de imponer reglas y sancionar su incumplimiento. Sin embargo, en la práctica,
esta estabilidad suele confundirse con la defensa de intereses nacionales más que
con la búsqueda de un bien común global.
Durante las primeras décadas del siglo XXI, Estados Unidos ha sido el principal
actor en esta dinámica. Tras el fin de la Guerra Fría en 1991, Washington quedó
como la potencia predominante del sistema internacional. Desde entonces ha
justificado diversas intervenciones mediante doctrinas como la “guerra contra el
terrorismo” o el “cambio de régimen”. La intervención en Afganistán entre 2001 y
2021, iniciada tras los atentados del 11 de septiembre con el objetivo de
desmantelar a Al Qaeda, terminó convirtiéndose en un largo y complejo intento de
reconstrucción estatal que concluyó sin los resultados prometidos.
El caso de Irak en 2003 se convirtió en el ejemplo más emblemático del arbitraje
unilateral contemporáneo. La invasión se sustentó en la presunta existencia de
armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas. Aquel episodio dejó
una profunda huella en la credibilidad de las intervenciones internacionales y abrió
un debate sobre los límites de la acción preventiva en política exterior.

Más recientemente, diversas operaciones de presión y sanción contra países
como Irán o Venezuela han sido justificadas por razones de seguridad regional o
global, alimentando nuevamente la discusión sobre hasta dónde puede llegar una
potencia cuando decide actuar como garante del orden internacional.
Rusia, por su parte, ha recurrido también al uso de la fuerza para proteger lo que
considera su esfera de influencia estratégica. La intervención en Georgia en 2008,
en las regiones de Osetia del Sur y Abjasia, fue una señal temprana de esta
postura. Posteriormente, las acciones militares en Ucrania —primero en 2014 con
la anexión de Crimea y luego con la invasión a gran escala iniciada en 2022— han
sido justificadas por el Kremlin bajo argumentos como la protección de
poblaciones rusófonas o la llamada “desnazificación” del país vecino.
Europa tampoco ha estado al margen de este fenómeno. Francia y el Reino Unido
participaron activamente en la intervención en Libia en 2011, encabezando una
coalición de la OTAN que invocó el principio de la “responsabilidad de proteger”
frente al régimen de Muamar Gadafi. El resultado fue el derrocamiento del
gobierno libio, pero también una prolongada inestabilidad que aún hoy marca el
destino del país. En África occidental, particularmente en Mali y el Sahel, Francia
desplegó operaciones militares para combatir al yihadismo en lo que muchos
analistas interpretan como una prolongación de su influencia en antiguas colonias.
China ha sido menos proclive a intervenciones militares directas, pero ejerce una
presión geopolítica creciente en regiones estratégicas como el Mar del Sur de
China y en torno a Taiwán. Su expansión económica y su presencia en Asia y
África forman parte de una disputa silenciosa por la influencia global.
En ese escenario, el supuesto arbitraje global termina generando nuevas
tensiones: crisis de refugiados, polarización internacional, y vacíos de poder en
regiones enteras. Quizá el verdadero dilema del siglo XXI no sea quién debe ser el
árbitro del mundo, sino si el mundo puede seguir funcionando bajo la lógica de que
alguien lo sea.