Norma Piña y sus ministros no votarán en elección al Poder Judicial
Norma Piña Hernández y seis ministros de la SCJN no participarán en la elección judicial del 1 de junio por considerarla sumamente ilegítima
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, junto con seis ministros, ha decidido no participar en la elección judicial extraordinaria del próximo domingo 1 de junio, en la que se renovarán 881 cargos del Poder Judicial.
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Según se sabe, la decisión ha sido respaldada por Jorge Mario PardoRebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez Potisek. Todos ellos comparten una postura crítica respecto al proceso, la cual consideran carente de legitimidad y transparencia.
Uno de los equipos cercanos a los ministros expresó que su decisión ha sido pública y firme, indicando que todos y cada uno de estos no ven en lo absoluto un proceso democrático auténtico en lo iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“No vemos en este proceso un ejercicio democrático auténtico”.
Laynez Potisek explica su rechazo a la elección judicial
Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek, con casi diez años en la SCJN, fue enfático en su postura al hablar con el diario La Jornada, al indicar que el modelo de elección judicial no fortalece la justicia, sino que debilita su independencia; además, denunció que el proceso deriva de una reforma mal concebida, que no busca democratizar sino cooptar al Poder Judicial.
“Yo sí estoy bien preocupado por mi país, este es un error histórico… Esto no se corrige sencillamente… Esto cuesta años, o sea, preparar a un juez cuesta años, esfuerzos y dinero”.
Entre las razones que expone para no votar, destacó que se está forzando a la ciudadanía a emitir un sufragio desinformado, al tener que elegir entre cientos de nombres sin la información necesaria para decidir con responsabilidad.
También criticó que se pretenda someter a elección cargos que, por su naturaleza técnica y especializada, no deberían ser votados, como los de jueces y magistrados. Otro punto de preocupación es la ausencia de condiciones mínimas para un proceso democrático, mencionando la falta de certeza jurídica, de equidad, y de autonomía institucional, además de deficiencias en el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Es una falta de respeto al electorado… El Instituto no tiene recursos ni tiempo para organizar esto correctamente”.
Finalmente, Javier Laynez Potisek advirtió sobre la manipulación política y el uso de prácticas clientelares, como el acarreo y las llamadas “guías de votación” disfrazadas de ayuda informativa; por tal motivo, reflexionó sobre el futuro del sistema judicial tras esta elección.
“Por cada ciudadano que vote por convicción, va a haber trescientos acarreados… Después del domingo 1 de junio se tendrá que repensar si realmente es viable este modelo”.
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