Los prianistas Cevallos, Labastida y Beltrones piden eliminar sobrerrepresentación

Francisco Labastida y Cevallos no opinaban lo mismo cuando México estaba en manos del Partido Revolucionario Institucional.

A unas horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente su iniciativa de reforma electoral ante el Congreso de la Unión, actores políticos vinculados al PRI y al PAN como Fernández de Cevallos difundieron un pronunciamiento conjunto en el que llaman a preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y a eliminar la sobrerrepresentación legislativa.

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El posicionamiento fue firmado por los excandidatos presidenciales Francisco Labastida Ochoa y Diego Fernández de Cevallos, así como por el senador Manlio Fabio Beltrones y el especialista Jorge Alcocer V., y publicado en la revista Voz y Voto.

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En el documento advierten que presuntamente el sistema electoral mexicano no debe ser “abaratado” a costa de su eficiencia y transparencia, en referencia a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla recortes presupuestales, reconfiguración del Congreso y la desaparición de algunos mecanismos actuales.

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El senador Manlio Fabio Beltrones respaldó el contenido del pronunciamiento, en el que se plantea que cualquier modificación al sistema electoral debe fortalecer la democracia y no distorsionar la representación popular. Los firmantes subrayan que México requiere elecciones libres y justas, con resultados plenamente apegados a la voluntad ciudadana.

En ese sentido, defendieron la permanencia del Instituto Nacional Electoral (INE) como autoridad autónoma e independiente, así como la profesionalización de su personal y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

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También se manifestaron a favor de conservar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al advertir que su eliminación “nos regresaría a 1988”, en alusión a los cuestionamientos históricos sobre la transparencia electoral, opacidades que los propios firmaron avalaron en dicha elección presidencial.

El posicionamiento surge en el contexto de la iniciativa presidencial que propone un recorte del 25 por ciento al presupuesto del INE, de los tribunales electorales y de los partidos políticos; la supresión del PREP; la eliminación de sueldos y bonos para altos mandos; y la desaparición de la duplicidad de funciones.

Además, la propuesta oficial contempla modificar la integración de la Cámara de Diputados para que los 500 legisladores sean electos de manera directa, redefiniendo los 200 espacios plurinominales: 97 para los segundos mejor votados, 95 por votación directa en circunscripciones y ocho para la diáspora mexicana. En el caso del Senado, se plantea reducirlo de 128 a 96 escaños: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

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Cevallos pide eliminar sobrerrepresentación

La mandataria confirmó que enviará la iniciativa sin modificaciones, pese a que las reuniones con aliados legislativos no lograron consensos definitivos, especialmente por las críticas relacionadas con la posible pérdida de representación y la reducción del financiamiento político.

Uno de los ejes centrales del documento firmado por Fernández de Cevallos y Labastida es la eliminación de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Señalan que en 2024 la alianza encabezada por Morena obtuvo 54 por ciento de los votos y 73 por ciento de las diputaciones, lo que, afirman, distorsiona la proporcionalidad entre sufragios y curules.

Sin embargo, no mencionan que este último porcentaje solo se alcanza con los aliados. Ya que por sí solo, el partido oficialista apenas tiene el 50.6 por ciento de los curules.

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Pese a ello, proponen suprimir el tope del 8 por ciento de sobrerrepresentación y respetar el límite máximo de 300 diputaciones por partido o coalición, con el fin de que el número de escaños refleje con mayor precisión el porcentaje de votos obtenido en las urnas.

Respecto al Senado, coinciden en eliminar los 32 senadores de lista nacional, pero plantean un esquema alternativo: 96 legisladores electos mediante 32 listas estatales, con tres escaños por entidad federativa bajo un método de proporcionalidad directa.

El documento también sugiere reducir el financiamiento a los partidos políticos, cuyos montos consideran excesivos, sin afectar la equidad en la contienda, y garantizar que los programas sociales no sean utilizados con fines electorales. Además, proponen que el tiempo oficial en radio y televisión privilegie debates e información, en lugar de la difusión masiva de spots.

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