CNTE, el disfraz de la disidencia y su papel reaccionario ante la democratización del Poder Judicial

La CNTE ha sido una aliada de causas populares. Hoy más que nunca, es urgente no prestarse al juego de las élites que quieren perpetuar sus privilegios

Opinión| CNTE, el disfraz de la disidencia y su papel reaccionario ante la democratización del Poder Judicial

En el actual contexto de transformación política que vive México, bajo la Cuarta Transformación, es preocupante constatar cómo ciertos actores sociales, históricamente identificados con la izquierda, terminan jugando —consciente o inconscientemente— un papel funcional a los intereses más conservadores del país. Tal es el caso de una fracción minoritaria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha emprendido en semanas recientes una serie de protestas incongruentes, radicalizadas y profundamente despolitizadas en contra de una de las iniciativas más progresistas de este sexenio: la elección del Poder Judicial por voto popular.

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La CNTE ha sido, sin duda, un actor clave en la historia reciente del sindicalismo magisterial en México. Su lucha contra la mal llamada “reforma educativa” de Peña Nieto, sus movilizaciones en defensa de los derechos laborales y su resistencia a la cooptación del SNTE, le otorgaron un lugar respetable entre los movimientos sociales de izquierda. Sin embargo, una cosa es la crítica combativa y otra muy distinta es el secuestro del espacio público como forma de extorsión política sin fundamento ideológico claro.

En los últimos días, la CNTE ha bloqueado San Lázaro, ha impedido la entrada de diputados y ha amenazado con boicotear la jornada electoral del 2 de junio. ¿El motivo? Una serie de demandas que van desde aumentos salariales hasta la abrogación total de la reforma educativa (ya superada en 2019), pero que, al articularse con el rechazo al nuevo sistema de elección de ministros, revela una postura profundamente desconectada del momento histórico.

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En lugar de celebrar que por primera vez en la historia reciente se propone quitarle al cártel judicial el privilegio de repartirse entre cúpulas los cargos, una parte de la CNTE actúa en los hechos como aliada del viejo régimen. ¿Qué sentido tiene oponerse a que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros? ¿En qué cabeza progresista cabe defender el actual sistema elitista, corrupto y antidemocrático del Poder Judicial?

Los voceros de este bloque radicalizado de la CNTE repiten, sin saberlo o sin quererlo admitir, los mismos argumentos que el PAN, el PRI y Claudio X. González: que la elección popular del Poder Judicial compromete su “autonomía”. Pero esta narrativa es profundamente engañosa. La verdadera autonomía judicial no consiste en que los ministros sean nombrados entre las cúpulas del poder económico y político, sino en que respondan a un mandato social, popular y constitucional.

Bajo el régimen actual, la Suprema Corte de Justicia ha sido un muro de contención contra las reformas sociales promovidas por la 4T. Desde la invalidez de la Ley Eléctrica, hasta la suspensión de leyes en materia de austeridad o seguridad, el Poder Judicial ha demostrado estar al servicio de las élites. Defender esa “autonomía” es, en realidad, defender sus privilegios.

¿Por qué entonces un sector de la CNTE adopta esta posición? Todo indica que se trata de una alianza táctica entre grupos que han perdido capacidad de negociación directa con el Estado, y que ven en la confrontación una manera de presionar, sin importar el fondo de lo que se debate.

En una paradoja que raya en lo absurdo, la CNTE que históricamente ha demandado democratización sindical, rendición de cuentas y elección de representantes mediante voto directo que hoy se opone a aplicar esos mismos principios al Poder Judicial. ¿Cómo puede ser congruente exigir procesos democráticos internos, pero rechazar que los jueces también enfrenten la voluntad popular?

 

Más aún, la crítica a la élite judicial ha sido una bandera histórica de la izquierda: desde los zapatistas que denunciaban la justicia al servicio de los ricos, hasta los movimientos sociales que exigieron justicia para Atenco, Ayotzinapa o Tlatlaya. Hoy que se tiene la oportunidad histórica de cambiar la estructura de ese poder, resulta desconcertante ver a actores que se dicen de izquierda obstaculizando el proceso.

Esto no significa que no haya legítimas demandas laborales por parte del magisterio. Pero usar esas demandas como pretexto para sabotear un proceso de democratización institucional es políticamente irresponsable. No se puede supeditar el interés general de un país entero al chantaje de un grupo, por muy histórico que sea.

La Cuarta Transformación no es un simple cambio de gobierno, sino un proceso profundo de reconfiguración del Estado mexicano. Así lo entienden millones de ciudadanos que respaldan a Claudia Sheinbaum, y así lo conciben los movimientos que siguen empujando desde abajo. En este contexto, oponerse a la democratización del Poder Judicial es estar del lado equivocado de la historia.

La actitud de la fracción disidente de la CNTE no representa al magisterio nacional ni a la mayoría de los trabajadores de la educación, quienes han encontrado en este gobierno una interlocución respetuosa y avances tangibles.

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Lo que está en juego no es solo una reforma judicial. Está en juego el modelo de país que queremos construir: uno donde los jueces respondan al pueblo, donde las instituciones sean transparentes y donde la justicia no sea un privilegio.

Debemos tener claridad, no toda protesta es progresista, ni toda consigna es revolucionaria. La CNTE ha sido históricamente una aliada de las causas populares, pero eso no la exime de caer en errores. Hoy más que nunca es urgente recuperar el sentido estratégico, distinguir entre lo esencial y lo accesorio, y no prestarse al juego de las élites que quieren perpetuar sus privilegios a costa de la voluntad popular.

Impulsar la reforma judicial es un acto de justicia social. Apoyarla, más allá de las filias y fobias políticas, es comprometerse con la democratización del país. Oponerse a ella, desde la trinchera que sea, es condenar a México a seguir gobernado por un poder que no rinde cuentas a nadie más que a sí mismo. SINLINEA.