Denuncian red de corrupción en tecnológicos veracruzanos como parte de la Estafa Maestra

 

• Buscan evitar se practique auditorías en Educación Tecnológica, pues pondría al descubierto millonario desvío de recursos en muchos tecnológicos, acusan.

Irineo Pérez Melo.- Desde el interior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se orquestan simulaciones institucionales para fabricar denuncias y proceder judicialmente en contra de servidores de la institución con una celeridad inusitada, el cual tiene como fin desviar la atención para que no se inicien auditorías en la Dirección General de Educación Tecnológica, que pondría al descubierto irregularidades en varios tecnológicos de la entidad con cifras millonarias que no han podido comprobar.
De acuerdo con la información proporcionada por trabajadores de la dependencia estatal, que pidieron el anonimato, señalaron que esta estrategia fue orquestada con el respaldo de José Martín Rivera Martínez, coordinador de asesores de la SEV y quien se dice integrante del círculo cercano de la titular, Claudia Tello Espinoza.
La raíz del conflicto se encuentra dentro de la propia Dirección General de Educación Tecnológica, encabezada por David Quitano Díaz, viejo operador del exsecretario Adolfo Mota Hernández, quien actúa en contubernio con José Martín Rivera Martínez, ahora jefe de asesores y quien fuera operador político del priista José Yunes Zorrilla, excandidato a la gubernatura.
Es de resaltar que también es abogado del exsecretario de Educación de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez, que en su gestión se dio la más grande imputación de desvío de recursos, de los que no se han podido solventar y que siguen en curso las investigaciones para deslindar responsabilidades.
Rivera Martínez, a su vez, mantiene su coto de poder gracias a la protección de Elías Calixto Armas, actual subsecretario de Educación Media Superior, quien entre su ineptitud deja operar a estos elementos junto con Jorge Fernández Bravo, que están haciendo no solo su agosto sino forjando su futuro y el de su descendencia.
Y es que este problema se tiene desde la gestión del ahora diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García, y en la que los institutos Tecnológicos de Estudios Superiores de Acayucan, Alvarado, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Huatusco, Jesús Carranza, Las Choapas, Misantla, Naranjos, Pánuco, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Xalapa y Zongolica también fueron incluidos en la lista de la cuenta pública 2023 en donde se presume daño patrimonial con montos millonarios.
Es por ello que quienes ahora están al frente de la Dirección General de Educación Tecnológica, tienen el temor fundado de que al auditarse estas instituciones, dichas irregularidades serian puestas a la luz pública y todo este expediente es atribuido a Rivera Martínez y a varios de sus familiares, que ocupan cargos estratégicos en el sistema educativo.
Tal es el caso de Siria Martínez Loyo, directora del Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre. (Prima de José Martín Rivera Martínez); Irene Guadalupe Rivera Martínez, secretaria administrativa de la Universidad Politécnica de Huatusco. (hermana de José Martín Rivera Martínez).
También, Anell Retama Jácome, subdirectora administrativa del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa. (amante de José Martín Rivera Martínez) y Laura Ortega Martínez, con horas docentes en el ITSX y comisionada en la dirección de educación tecnológica.


Aunado a lo anterior, a través de su despacho jurídico “Martínez y Asociados”, José Martín Rivera Martínez facturó más de dos millones de pesos en asesorías jurídicas ficticias a diversos tecnológicos del estado, incluyendo los de Tantoyuca, Cosamaloapan, Poza Rica, Xalapa, Acayucan, Zongolica, Chicontepec y Naranjos. Esta red de corrupción fue posible gracias al respaldo del entonces director de Educación Tecnológica, David Hernández, y de otros operadores como Walter Saiz González.
En su esquema de saqueo, también participaron Aarón Neftalí Cosquilla y José Andi Arroyo, quienes canalizaron recursos a través de contratos amañados para servicios de vigilancia, limpieza, concesiones de cafeterías, mantenimiento de edificios y áreas verdes. A esto se suma el tráfico de influencias: personajes afines a Rivera Martínez fueron colocados en puestos clave, como el propio Cosquilla, actual directivo en el Tecnológico de Martínez de la Torre, y Anell Retama Jácome, en Xalapa, quien mantiene una relación cercana con él.
No menos grave es la participación de Rivera Martínez en convenios federales que derivaron en actos de corrupción asociados a la llamada “Estafa Maestra”, en colaboración con los tecnológicos de Juan Rodríguez Clara y la Universidad Politécnica de Huatusco.
Por otro lado, se informó que, desde su posición como coordinador de asesores, Rivera Martínez continúa influyendo en directores para seguir beneficiándose del sistema. Ha logrado colocar en puestos clave a familiares, amigas y socios, consolidando un esquema de control político y económico sobre el sistema de educación tecnológica del estado.
Resulta incomprensible cómo alguien con semejante historial de corrupción, desvío de recursos y tráfico de influencias continúe ostentando un cargo de alto nivel en la Secretaría de Educación de Veracruz, por lo que se está pidiendo la intervención de la gobernadora Rocío Nahle, a realizar las investigaciones pertinentes y deslindar responsabilidades de los presuntos infractores de la ley.