Más de 581 millones de pesos de recursos del gasto federalizado siguen sin aclararse por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) tras la revisión de la Cuenta Pública 2024.

El universo auditado fue de 9 mil 41 millones de pesos y la muestra alcanzó 8 mil 210 millones, es decir, 90.81 por ciento de los recursos. Prácticamente todo.

De los 18 resultados de la tercera entrega de Informes Individuales, 10 no tuvieron irregularidades y cinco se solventaron antes del informe de la ASF. El foco son tres resultados y sus acciones derivadas, que hoy sostienen el dato clave: 581 millones 816 mil pesos siguen sin aclararse, pese a que durante la auditoría apenas se recuperaron 15.1 millones.

El pliego de observaciones más relevante es por 560.4 millones de pesos. La UANL los transfirió a cuentas bancarias registradas en contabilidad como aportaciones al fondo de pensiones y jubilaciones, pero en la práctica no quedó acreditado que se hayan pagado a jubilados y pensionados, el destino final no está comprobado.

El segundo pliego asciende a 21.3 millones de pesos por pago a proveedores respecto a conceptos de difusión de notas periodísticas y de publicidad en pantallas digitales, de los que no se presentaron documentos del proceso de contratación, formalización y, sobre todo, evidencia de los servicios prestados.

Un tercer frente está en la obra pública. Tres empresas —Estilos Arquitectónicos, Constructora Mata y Asociados, y Constructora Kosmos— presentan inconsistencias en el registro de trabajos pagados con recursos federales. Las obras fueron cobradas, pero no quedó acreditado su debido registro, ni que se cumpliera con las obligaciones laborales y legales correspondientes.

En paralelo, la propia universidad ya inició procedimientos internos para determinar posibles responsabilidades administrativas. El proceso de solventación sigue abierto y conforme a los plazos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la ASF se pronunciará en un plazo de 120 días hábiles contados a partir de las consideraciones y evidencia documental que presente.

Con este escenario, quien queda bajo presión es el rector Santos Guzmán López, quien inició su periodo en 2024 y concluye el próximo año. El reto es claro: no puede cerrar su gestión con observaciones millonarias sin aclarar.

En el manejo de recursos públicos, lo que no se comprueba, se convierte en problema. Y aquí el problema ya tiene monto, expediente de auditoría, seguimiento y posibles consecuencias en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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CAMPECHE ROMPE LA ESPERA

En Morena todavía no hay definiciones “claras” rumbo a 2027, y en la mayoría de los estados el tablero sigue abierto, con aspirantes moviéndose, encuestas en proceso y acuerdos que todavía no terminan de cerrarse, aunque en medio de ese escenario Campeche se desmarca del resto.

Layda Sansores se adelantó y nombró a Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador de la 4T en el estado, una decisión que en los hechos lo coloca como el perfil a sucederla, porque dentro de la lógica interna morenista estos nombramientos rara vez son casualidad.

El movimiento contrasta y es retador con el propio proceso interno de Morena, donde se espera que primero se levanten encuestas entre aspirantes para, a partir de ahí, definir quién será el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación.

Gutiérrez Lazarus ha sido tres veces alcalde de Ciudad del Carmen, y Sansores lo ha sostenido como un perfil de territorio, constante y cercano, al que ahora impulsa con una definición política dentro de su propio estado.

La apuesta también apunta a la continuidad del Plan Campeche, impulsado desde la Federación, en una entidad donde los resultados no han terminado de asentarse del todo, lo que vuelve más relevante la decisión de cerrar filas desde ahora.

ELHERALDO