Informe sobre México

Estados Unidos, nuestro socio comercial más importante, acaba de poner por escrito lo que desde hace tiempo se especulaba, y es que la Declaración sobre el Clima de Inversión en México, emitida por el Departamento de Estado el pasado 15 de septiembre, explica a sus propias empresas por qué México sigue siendo indispensable y, al mismo tiempo, aunque nos duela reconocerlo, cada vez más incómodo. Nuestro país tiene cercanía, acceso preferencial, manufactura integrada, mercado interno y, para desgracia, también preocupaciones que no son nuevas, como políticos y empresarios relacionados con el crimen organizado, narcoterrorismo, lavado de dinero y, sobre todo, impunidad.

En 2025, México fue el mayor socio comercial de Estados Unidos en bienes y servicios; se menciona que el comercio bilateral creció 67 por ciento desde 2020; Estados Unidos sigue siendo la primera fuente de inversión extranjera directa, pero los economistas que cita el propio Departamento de Estado observan que un crecimiento de 0.6 por ciento en 2025 delata baja productividad, poca inversión e incertidumbre regulatoria.

Dos factores concentran el malestar de las empresas estadunidenses que ya operan aquí, y los dos han subido de tono, el primero es el Servicio de Administración Tributaria; el segundo, el cierre regulatorio del sector energético en favor de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad.

Desde 2019, el SAT multiplicó actos de ejecución contra corporaciones nacionales y extranjeras, con liquidaciones, multas y recargos por cientos de millones de dólares, y el año pasado el reporte se endureció. El Departamento de Estado reportó lo que las empresas estadunidenses mencionaron desde 2025: “Mayor actividad policial. Tácticas de negociación agresivas. Solicitudes de información excesivamente onerosas. Cancelación impredecible de certificados de sello digital”. A eso hay que sumar el cobro de IVA sobre productos que califican para trato libre de arancel y retrasos prolongados en la devolución de ese mismo impuesto.

Una autoridad que cancela certificados de manera impredecible, que pide información desproporcionada y que negocia con tácticas que las propias empresas describen como agresivas, no está recaudando, está administrando la intimidación. Que en mayo de 2026 se haya anunciado el Acuerdo 68/2026 para limitar la auditoría a una revisión anual, reservar la cancelación del sello al último recurso y reforzar la no retroactividad, no absuelve el daño, al contrario, incluso lo reconoce, porque se “corrige” en el papel lo que durante años se negó en los hechos.

El segundo frente tiene nombre y decreto, ya que en octubre de 2024 se redefinió a Pemex y a la CFE como “empresas públicas” para darles un trato más favorable. El informe lo dice claro: “Esta reforma constitucional transformó el sector energético mexicano, beneficiando a las empresas estatales y restringiendo la participación del sector privado, incluyendo la de empresas estadunidenses”. Pemex obtuvo preferencia para explorar y extraer, y debe quedarse con al menos 40 por ciento de cualquier desarrollo nuevo. En electricidad, 54 por ciento de lo despachado a la red debe salir de activos de la CFE, que además es dueña única de la transmisión y la distribución.

Y la cuota recae sobre una empresa en situación que el propio texto llama precaria, porque hay alrededor de 79 mil millones de dólares de deuda financiera al primer trimestre de 2026, más cerca de 21 mil millones adeudados a proveedores, y topes “voluntarios” a gasolina y diésel que obligan al importador a vender con pérdida. No sorprende que la falta de energía confiable encabece la lista de preocupaciones de los inversionistas, junto con la inseguridad, la corrupción y la incertidumbre regulatoria.

Por supuesto que los mercados internacionales ya se han percatado; el pasado 12 de mayo de 2026, S&P Global Ratings cambió de “estable” a “negativa” la perspectiva de la deuda soberana, por el débil crecimiento, la lenta consolidación fiscal y la presión creciente sobre la deuda pública. El mismo mes Moody’s bajó a México de Baa2 a Baa3, el último peldaño antes de perder el grado de inversión. La deuda pública ya está en 52.6 por ciento del PIB y el presupuesto de 2026 aspira a un déficit de 4.1 por ciento. No es un accidente contable. Es el precio de haber convertido a las empresas de energía en política de Estado.

Hasta ahí, el documento podría leerse como un reporte de negocios, pero el capítulo de corrupción da un giro significativo, porque enumera lo que sigue erosionando la confianza: acusaciones que vinculan a funcionarios con el crimen organizado, debilitamiento de instituciones autónomas de transparencia, impunidad persistente, influencia de los cárteles en gobiernos y preocupación de los inversionistas por el estado de derecho; entre otros.

La seguridad, de acuerdo con este reporte, ha llegado a consumir hasta 5 por ciento del presupuesto operativo; además, el proceso electoral de 2024 dejó más de 30 candidatos asesinados, en una violencia que el texto atribuye al interés del crimen por controlar territorio y política local; a eso se suma la reforma judicial, porque para quien litiga un crédito fiscal o inversión, la pregunta no es ideológica.

México no está perdiendo la inversión por un malentendido de Washington ni por una campaña en su contra, sino por decisiones propias; el capital se está retirando de un país que ha elegido la discrecionalidad, la opacidad, la impunidad, y el crecimiento y desarrollo del crimen organizado.

*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia, y política