Este 21 de septiembre conmemoramos casi 500 años de la fundación de la Real Universidad de México. La real cédula expedida en 1551 por Carlos V simboliza el inicio de un recorrido caracterizado por inestabilidad política, el surgimiento de debates intelectuales novedosos y profundas reorganizaciones de la enseñanza. La Real y Pontificia Universidad de México, surgida en el siglo XVI, perteneció a un mundo muy distinto del nuestro y no puede establecerse entre aquella institución y la actual una línea de continuidad simple.

Sin embargo, ahí se encuentran algunos de nuestros orígenes más antiguos: la construcción e intercambio de saberes, la formación de generaciones y una tradición colegiada que, bajo distintas expresiones, ha acompañado la historia de la educación superior en México.

Las transformaciones del siglo XIX modificaron aquel horizonte. Las sucesivas clausuras de la antigua universidad, la implementación y consolidación de la educación laica y científica influida por el positivismo y la creación de la Universidad Nacional en 1910 representaron giros determinantes.

Comprender el peso de nuestra historia requiere reconocer tanto los elementos que perduran como los puntos de ruptura. La institución actual es el fruto de estos procesos y de mujeres y hombres tenaces que imaginaron nuevos cursos de desarrollo para la educación superior pública, la ciencia y la cultura.

La legitimación de la acotada autonomía universitaria en 1929 abrió una nueva etapa, en tanto que la ley orgánica de 1933 le otorgó la autonomía plena, pero también la descobijó presupuestalmente, apostando a que la universidad renunciaría a su autonomía en aras de recuperar la protección gubernamental.

El gobierno universitario se restructuró con la ley orgánica de 1945, la cual redefinió las atribuciones del Consejo Universitario y distribuyó competencias entre éste, la Junta de Gobierno y el Patronato, dos creaciones virtuosas del nuevo ordenamiento legal. Con ese marco, nuestra casa de estudios pudo acompañar un crecimiento académico y territorial más amplio y complejo.

En 1968, el Consejo Universitario exigió respeto a la autonomía, en un contexto marcado por la represión y la defensa de nuestra institución, que encabezó el entonces rector Javier Barros Sierra. Aquel año dejó una huella profunda y dolorosa en la comunidad universitaria, pero contribuyó al desarrollo de la conciencia cívica y reafirmó la importancia de las libertades universitarias para la vida democrática del país.

En 1980, la incorporación de la autonomía universitaria al artículo 3 constitucional ratificó al más alto nivel normativo el derecho de las universidades a gobernarse a sí mismas.

Los debates de los años 80 y el Congreso Universitario de 1990 mostraron nuevamente la disposición de nuestra comunidad para discutir sus diferencias y pensar colectivamente su porvenir. La huelga de 1999-2000 abrió un periodo complejo y volvió a colocar en el centro asuntos como la gratuidad, la participación y los mecanismos para construir acuerdos.

La experiencia acumulada condujo a revisar las formas de representación. La modificación a la integración del Consejo Universitario aprobada en 2011 permitió la incorporación de voces adicionales y reflejó la heterogeneidad de los integrantes de nuestra universidad.

Por ello destaca que el Consejo Universitario ocupa un lugar fundamental en la vida de la máxima casa de estudios; en él confluyen disciplinas, experiencias y perspectivas diversas.

El alcance de sus deliberaciones se aprecia mejor cuando pensamos en las personas a quienes sirve la universidad. En el último ciclo escolar, la UNAM atendió a más de 371 mil estudiantes.

El cometido del Consejo comprende desde las condiciones para ingresar, aprender, permanecer y concluir los estudios con una preparación sólida y pertinente, hasta ofrecer alternativas de educación continua que permitan seguir formándose a lo largo de la vida.

Las revoluciones tecnológicas y científicas, impulsadas por la inteligencia artificial, las redes y las plataformas digitales, reconfiguran rápidamente la creación y difusión del conocimiento. Ante este reto, la prioridad de la UNAM es formar estudiantes con pensamiento crítico, criterio para verificar información, capacidad de análisis, argumentación y de ejercicio responsable de su juicio.

De igual forma, la confianza pública exige revisar nuestras decisiones y corregir aquello que sea necesario. Cuando un procedimiento presenta fallas, corresponde admitirlas, esclarecer sus causas, adoptar medidas pertinentes y precisar la intervención de cada parte. Por estas razones, nuestra facultad de autodeterminación exige transparencia, rigor, prudencia, integridad y rendición de cuentas.

A la comunidad universitaria en su conjunto corresponde cuidar las libertades recibidas y ampliar las oportunidades de quienes nos sucederán. Debemos demostrar, mediante nuestro empeño cotidiano, que la autonomía, la educación superior pública y el gobierno colegiado son pilares insustituibles para expandir las fronteras del conocimiento y servir de mejor manera a la sociedad a la que nos debemos.

Al volver la mirada sobre estos 475 años, encontramos avances y momentos difíciles, acuerdos y controversias. De todos ellos se ha aprendido. Honremos esta tradición universitaria con el trabajo que México espera de su Universidad.