Rumbo a la militancia del no pasa nada
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Distraídos como estamos en designar a los candidatos, que no lo son según nos dicen los que los candidatean, hemos demostrado gran y envidiable capacidad de negación o invisibilización de lo que los antiguos llamaban los grandes problemas, nacionales o fundamentales, al gusto de una u otra lectura del pasado inmediato o del presente insolente. Y así transcurría la vida pública dentro de las esferas oficiales y desde fuera de ellas en una oposición poco precisa pero sí orgullosa de no comulgar con las varias ruedas de molino que ofrecía como placebos el oficialismo.
Luego del salto a la democracia, se ha impuesto una opacidad en la que se gestan casi a diario los peores vicios del deterioro político. Poco o nada importa para este pantano discursivo plantearnos como problema y amenaza el estado de la economía o del propio Estado, cuya reforma solíamos entender como una condición impostergable para el avance democrático a una democracia madura, como insistía en plantear Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, qué podemos hacer para impulsar el cansino caminar de la economía, cómo aumentar el gasto público, qué sectores y regiones impulsar prioritariamente, qué proyectos, qué áreas…; en fin, poder configurar un proyecto de nación.
Como si el debate público se hubiera acostumbrado al amarillismo, a la nota roja, se ha aceptado, por omisión o sumisión, una vida mediocre, de carencias y ausencias; por ello la insistencia: tenemos que ser capaces de poner en el centro de la discusión la necesidad de crecer y redistribuir. No es tema político menor que la economía esté cuasiestancada, porque de su dinámica depende el ritmo de creación de empleos y la generación de ganancias, así como la satisfacción o no de las necesidades materiales de nuestra existencia.
De hecho, el crecimiento debería ser objeto de acción inmediata de la sociedad y, desde luego, del gobierno y del Estado. Asumir –como parte central de sus tareas y obligaciones– la promoción de la actividad económica, la diversificación de estructuras y capacidades tendría que encabezar la agenda pública. Pero no ocurre así.
Los criterios de política económica entregados al Congreso por la Secretaría de Hacienda siguen encorsetados por el pensamiento más convencional de la época. Bajo el argumento de no alterar las variables “macro” o alterar expectativas sobre la economía, el espacio fiscal sigue reduciéndose sin menoscabo de que, en proporción directa, aumentan la población, las necesidades y los servicios.
Una y otra vez los gobiernos y sus empresarios vueltos triste eco del conservadurismo más tradicional reiteran que no es necesario llevar a cabo ninguna reforma fiscal, que con mejorar la cobranza e ir cerrando algunas “fugas” es suficiente, sin querer atender de manera integral el punto neurálgico de las finanzas públicas. El resultado está a la vista y el estancamiento se apodera de almas y mentes.
La corrección terminológica contrasta con la crudeza de la realidad y, sobre todo, con la renuencia de la política y de los políticos a asumir la dureza e implicaciones de décadas de cuasiestancamiento.
Lo que este futuro nos reserva es una creciente avalancha de conflictos y enfrentamientos por el acceso a los escasos bienes públicos y la reafirmación empresarial de esperar y ver para el arribo de mejores tiempos… con su nefasta compañía de negación de la realidad y refugio en los teclados del aquí no pasa ni pasará nada.
Si se me permite el consuelo, despertemos a aquel liberal grande que fue Mariano Otero e imaginemos con él los términos y aspiraciones de un nuevo y duradero acuerdo en lo fundamental.