La constante organización, información y movilización por la defensa de las pensiones ha sido una curva de aprendizajes fundamental para comprender la dimensión del problema al que se enfrentan los trabajadores. El foco de atención durante los últimos lustros se había centrado en los impactos inmediatos que la Ley del Issste de 2007 tenía sobre las generaciones próximas a jubilarse; es decir, sobre la progresividad en la edad de jubilación y posteriormente las afectaciones de la unidad de medida y actualización; sin embargo, éstas ya no son las preocupaciones de las nuevas generaciones, porque ahora vemos una pirámide invertida: la abrumadora mayoría no se rige por el sistema transitorio, sino que están condenados al autoahorro para el retiro a través de cuentas bancarias individuales.

Lo que aparece en las oleadas de movilizaciones más recientes, es que existen cerca de mil sistemas públicos pensionarios de sectores institucionales específicos, ya sean de las entidades federativas o de carácter municipal; todos con formas propias de regulación que también han sido trastocadas por mecanismos de neoliberalización graduales y estructurales, afectando parcialmente, o bien, despojando por completo del derecho humano a la seguridad social, cuya defensa no había sido ponderada a la par con la demanda nacional de abrogación de la Ley del Issste.

Por citar uno de los casos más graves y actuales: la universidad michoacana UMSNH modificó radicalmente el régimen solidario, desde marzo de 2025 sus trabajadores se dieron de alta en cuentas de ahorro personal. Pero las afectaciones son abundantes por todo el país, a los maestros de Issstezac, en Zacatecas, no sólo les fue arrebatado el derecho a la vivienda, sino que en 2015 les crearon un marco legal que incrementó la edad de retiro de 60 a 65 años. Desde 2020, a los de Issstech, de Chiapas les impusieron el aumento gradual en las aportaciones salariales, de 9.5 por ciento a 20.5 por ciento, y otro en la edad de jubilación que debe llegar a los 60 años como mínimo.

Otros están al borde del colapso o ya han entrado en fase crítica. Quienes cotizan a Issstecali, de Baja California, una vez que tramitan su jubilación, ingresan a una lista de espera que puede tardar años para concluir su proceso debido a la falta de solvencia económica del instituto. El sistema estatal de pensiones de Durango ya pasó por todas las reformas parciales; sin embargo, esto no ha impedido que a los trabajadores retirados les hayan dejado de pagar en reiteradas ocasiones o bien que, cuando hacen los trámites jubilatorios, pasen varios meses sin percibir absolutamente nada, antes de que empiece a llegar su pensión.

La regulación de estos sistemas ya está en la mira del Congreso de la Unión, que convocó al foro “Análisis de la seguridad social en México. Situación actual y retos de la cobertura de los institutos de seguridad social locales”, donde diputados, asociaciones público privadas y despachos de consultoría de esta legislatura, pusieron sobre la mesa la pertinencia de impulsar lo que han denominado Ley Marco, colocando como justificación principal el decrecimiento de la natalidad y por consecuencia de la población económicamente activa, lo cual ha provocado que los modelos pensionarios solidarios sean inviables para sostener el ascenso de una población inactiva por envejecimiento.

Esta línea reformista evade las responsabilidades de los gobiernos y transfiere además las consecuencias de la corrupción a los trabajadores. El Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social ha señalado prácticas sistemáticas corruptas en las administraciones locales que han derivado en daños estructurales: saqueo abierto a los fondos solidarios de ahorro municipales y estatales o bien a través de préstamos que nunca se devuelven; descuentos a la nómina sin reportarse al fondo; venta de bienes patrimoniales que corresponden al sistema pensionario; suspensión de servicios de salud por falta de pago a los hospitales públicos; congelamiento de seguros de vida; cancelación de claves presupuestales sin reactivarse en nuevos contratos y disminuyendo abruptamente a los socios en activo que sustentan a los jubilados. Lo anterior, sin ninguna repercusión legal para los responsables.

La discusión oficialista de la Ley Marco empieza con un diagnóstico sesgado. Legisladores que no ven proponen reformas que no sienten, y así lo manifestaron en este mismo foro, con un abanico de posibilidades que podrían homologar o regular la extensa variedad de sistemas pensionarios: apertura a la individualización de cuentas bancarias, incremento en la edad de jubilación, anulación de derechos, entre otras.

Los afectados por los regímenes locales y las pretensiones reformistas son tantos como los federales, no sólo habrá que aprender de los procesos que vienen, también es necesario desprender nuevas agendas, formas de integración y organización encaminadas a resguardar los derechos a la seguridad social.

*Doctor en Pedagogía Crítica